Busca modernizar el sistema, fortalecer la transparencia y alinearse con leyes recientes, afectando a entidades del sector público y a proveedores, contratistas y consultores.
El Gobierno Nacional ha declarado estado de excepción en las provincias de Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbíos y Pastaza por grave conmoción interna. Duración: 60 días.
La Corte Constitucional del Ecuador declaró la inconstitucionalidad total de la Ley Orgánica de Integridad Pública debido a vicios de forma, destacando la violación del principio de unidad de materia.
